El coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha recordado este miércoles que la adjudicación que hizo la Junta de Andalucía de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla) a la empresa Minorbis-Grupo México "fue la primera que se hizo con IU ya fuera del Gobierno", una circunstancia que, a su juicio, "simboliza la marca PSOE, que vuelve a las andadas cuando se le deja solo con un procedimiento oscurantista".
En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha mantenido un encuentro con la Asociación Cultural de Personas Sordas, Maíllo se ha pronunciado sobre el auto dictado por la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado "graves irregularidades" en la citada adjudicación, por lo que ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, "como responsable de las decisiones adoptadas" en el proceso de adjudicación.
Al respecto, Maíllo ha recordado la denuncia fechada el 22 de febrero al respecto y ha reconocido que a su formación "le preocupó la adjudicación chapucera de la mina por parte de la Junta, la cual se saltó cualquier procedimiento de transparencia exigible", a lo que ha añadido que "de estos polvos vienen estos lodos".
Para Antonio Maíllo, "la mejor forma de salir de la crisis y de crear empleo es con procedimientos transparentes y rigurosos", sin embargo, ha lamentado que el PSOE "vuelva al oscurantismo" adjudicando este proyecto a una empresa, Minorbis-Grupo México, que "ha tenido problemas con uno de los vertidos más graves desde el punto de vista medioambiental en México y vinculación de antiguos altos cargos que habían trabajado en esta empresa", ha subrayado.
Por todo ello, ha criticado "la ausencia de transparencia y la existencia de mucha opacidad en el procedimiento", indicando además que, a pesar de que "la Junta dijo que había sido riguroso, este auto demuestra que IU tenía razón cuando dijo que había sido una chapuza, provocado por el adelanto electoral".
De igual forma, esta situación para Maíllo demuestra que "la marca Susana Díaz es una absoluta falta de rigor en una comunidad de una población de 8,5 millones, que necesita un gobierno con rigor, disciplinado y serio".
En el citado auto fechado el pasado día 7 de mayo, la juez Patricia Fernández Franco pone de manifiesto que, de la información recabada hasta la fecha y del atestado elaborado por la UDEF, "se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante", como es la empresa Emérita Resources España SLU --finalista en el concurso minero--.
