El portavoz del grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha advertido este martes de que el proyecto de la zona franca, pendiente de un cerramiento perimetral antes del 31 de agosto de 2016 para entrar en funcionamiento, "depende de que el consorcio que preside Juan Espadas (como alcalde socialista) apruebe su presupuesto", reclamando dicha aprobación "lo antes posible para que la ciudad no pierda un proyecto vital para su futuro y progreso".
"El consorcio de la zona franca, que presidí como alcalde de esta ciudad, aprobó en su momento todos los asuntos estructurales para que este proyecto sea un éxito de futuro y una realidad. Sin embargo, en este momento lo único que falta es que, en el seno del consorcio, se apruebe el presupuesto para este año que estaba previsto hacerlo en este mes de junio", avisa Zoido.
El portavoz municipal del PP y exalcalde recuerda que Espadas "es consciente de esta situación, puesto que es actualmente quien preside el consorcio, y tiene de plazo hasta el día 26 de este mes para poder llevar a cabo la aprobación de su presupuesto. En el caso de que antes del 26 no haya procedido a convocar el consorcio para este fin, será muy difícil, por no decir imposible, que posteriormente sea incluido en los Presupuestos Generales del Estado y, si no se incluyen en estos presupuestos, evidentemente la zona franca no podrá funcionar".
ZOIDO DEFIENDE EL PROYECTO
Zoido, así, ha manifestado que "dada la relevancia de este proyecto que supone nuevas oportunidades de desarrollo económico y de generación de empleo, desde el Grupo Popular pedimos a Espadas responsabilidad hacia la ciudad y hacia los sevillanos y que desde hoy sitúe a este proyecto como su máxima prioridad, puesto que la zona franca es un tren que Sevilla no puede perder", porque "se trata es un proyecto de ciudad que está por encima de partidos, personas y administraciones".
Recordemos que el pasado 20 de enero, el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, firmaban la constitución del consorcio gestor de la zona franca de Sevilla, que nace sobre 719.876 metros cuadrados del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria, con el objetivo de lograr un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros.
Pero la orden ministerial emitida inicialmente el 30 de agosto de 2013 autorizando la constitución de la zona franca de Sevilla condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias, así como a la ejecución de las obras de cierre del recinto.
LOS PLAZOS
La citada orden estipulaba un plazo de dos años para el cumplimiento de dichos aspectos. Si bien el proyecto avanzaba en lo que se refiere a sus estatutos, el reglamento de régimen interior y la contabilidad, las obras del cerramiento perimetral constituían un inconveniente, dado que los plazos seguidos por el proyecto hacían imposible que su licitación, contratación e instalación estuviese lista antes del 30 de agosto de este año, cuando expira el plazo inicial fijado en la orden ministerial que autorizaba la constitución de la zona franca de Sevilla.
Dado el caso, y según una posterior orden ministerial recogida por Europa Press, Zoido solicitaba "la ampliación del plazo previsto, como consecuencia de la imposibilidad de finalizar las obras de cierre de la zona franca de Sevilla en dicho plazo". El ministerio, finalmente, accedía a esta petición, ampliando "un año adicional al previsto en el apartado citado, concluyendo el nuevo plazo concedido el 31 de agosto de 2016".
