Después de que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, reclamase "explicaciones" por el despido de la abogada Lourdes Fuster como representante de la extinta Fundación DeSevilla, perteneciente al Consistorio, en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 16 por presuntas irregularidades en dicha entidad durante el mandato del que fuera alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, el Gobierno municipal socialista ha expuesto que los "servicios jurídicos municipales" asumirán dicha labor.
"El equipo de gobierno va a llevar los asuntos jurídicos pendientes relacionados con la Fundación DeSevilla, que se encuentra en los últimos trámites de su proceso de liquidación, a través de los servicios jurídicos municipales", ha manifestado la primer teniente de alcalde, Carmen Castreño, toda vez que de otro lado, por cierto, Lourdes Fuster representa al PP andaluz en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, el conocido caso de los ERE.
"El equipo de gobierno confía plenamente en los servicios jurídicos municipales frente a la posición del portavoz del PP durante sus cuatro años de mandato, que optó por realizar los contratos externos, en su conjunto con un coste que entendemos excesivo, cuando podrían haberse articulado fórmulas para haberlo hecho con los letrados del propio Ayuntamiento", ha expuesto la concejal socialista, quien no comprende "cómo Zoido puede decir que el resultado de un proceso judicial depende de un abogado en particular". "Tenemos confianza en las instituciones judiciales, en los jueces y fiscales, y por eso son incomprensibles estas manifestaciones", dice.
Esta decisión, según abunda, "se enmarca dentro de la estrategia del equipo de gobierno de poner en valor los servicios jurídicos municipales y de revisión de los contratos externos para lograr una disminución del gasto".
