El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha negado las acusaciones formuladas por el Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre presuntas irregularidades en contratos de la Universidad de Sevilla, asegurando que "no son ciertos los hechos que contiene", y ha solicitado a la Universidad Hispalense el expediente de los contratos citados, que, junto con las alegaciones oportunas, han sido remitidas a la Fiscalía Superior de Andalucía.

   La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene abierta una investigación en relación al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, tras ser denunciado por presunta prevaricación cometida cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

   En un comunicado, la Consejería de Economía y Conocimiento se ha pronunciado en relación con la denuncia interpuesta por el Colegio de Arquitectos de Sevilla a la Universidad Hispalense por el proceso de contratación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), toda vez que el máximo responsable de esta Consejería era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en las fechas en la que tuvieron lugar los hechos.

   Así, ha explicado que se trata de un conjunto de expedientes y contratos de la Universidad de Sevilla de los años 2008 y 2009 sobre los que la Fiscalía ha recibido en 2015 una denuncia del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) contra la actuación de la citada universidad. En ese sentido, ha recordado que la Fiscalía "tiene la obligación, como en todos los casos, de interesarse por esta denuncia, y las personas e instituciones afectadas la obligación de colaborar activamente y con total transparencia para aclarar las cuestiones que se plantean".

   El actual consejero de Economía y Conocimiento --y en los años citados vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla-- ha solicitado a la Universidad el expediente de los contratos citados, que junto con las alegaciones oportunas, han sido remitidas a la Fiscalía Superior de Andalucía.

   En cuanto al contenido del escrito que se plantea, el consejero ha manifestado su "absoluto rechazo" al escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla "por no ser ciertos los hechos que contiene y que pueden tergiversar la recta y transparente actuación de la Universidad de Sevilla en el citado procedimiento".

   Ha asegurado que "cada procedimiento y resolución contó con todas las garantías legales y técnicas; y, en particular, el concurso de proyecto y obra que se menciona fue resuelto en la Mesa de Contratación con todos los procedimientos oportunos y sin incidencias".

   Ramírez ha recordado que este tipo de procedimiento "resulta típico en las circunstancias de urgencia que la Universidad de Sevilla tenía para concurrir a la convocatoria de ayudas de Campus de Excelencia".

   Ha explicado asimismo que el concurso "contó con la oportuna publicidad en el DOUE y BOE, fue absolutamente transparente, contó con una alta participación (se presentaron en torno a 40 empresas), y todo sin que hubiera reclamaciones anteriores ni posteriores".

   De esta forma, según ha explicado, "descartadas pues todas las circunstancias que denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla, la Universidad de Sevilla, mediando cuantos trámites son preceptivos y previos los informes de los funcionarios públicos responsables, realizó una interpretación de la Ley de Contratos del sector público que, en modo alguno, puede calificarse de arbitraria y carente de argumentación técnica y jurídica pulcra y transparente".

   Por ello, el consejero apunta que "siendo legítimas las discrepancias jurídicas sobre las fórmulas empleadas en estos procedimientos por la Universidad de Sevilla, no resulta congruente la utilización de la denuncia citada ante la Fiscalía a la vez que se ha acudido a la vía contencioso-administrativa, como ha hecho el Colegio de Arquitectos el pasado mes de marzo, a lo que la Universidad de Sevilla ya presentó alegaciones el pasado mes de julio".