El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido en sesión ordinaria, ha dado cuenta del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que censura diferentes aspectos de la institución en materia de transferencias, subvenciones o recursos humanos, así como de la creación de una comisión destinada a corregir los aspectos señalados por dicho informe. Con relación a este documento, y con el voto en contra de IU-CA, Ciudadanos y Participa, la abstención del PP y la protesta de la plantilla, han sido suspendidos dos premios y un modelo retributivo disfrutados hasta ahora por la plantilla.

   Hablamos del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2012 de determinadas áreas de la Diputación, del que ha dado cuenta este miércoles el pleno, junto a  una resolución al respecto por parte del presidente de la casa, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos.

   El mencionado informe de la Cámara de Cuentas, recogido por Europa Press, censura el uso de "transferencias genéricas" por parte de la Diputación para la financiación de gastos de explotación y conceptos específicos de sus entidades íntegramente dependientes, porque "no figura en ninguno de los expedientes examinados la acreditación de la conveniencia u oportunidad de utilizar este procedimiento en relación contra alternativas".

   En cuanto a los encargos, señala que "en determinados expedientes se ponen de manifiesto debilidades relacionadas con el objeto, pues tratan de convalidaciones de gastos por actuaciones no incluidas en el mandato inicial, por el surgimiento de necesidades posteriores y por actividades realizadas con anterioridad a la formalización de la correspondiente encomienda", toda vez que los mandatos o encargos analizados en el informe "no están retribuidos por ningún sistema de tarifas ni por otro procedimiento".

   El informe expone además que "para un grupo de 17 expedientes de subvenciones excepcionales analizadas, se destaca la falta de acreditación de las razones que dificultaron su convocatoria pública". En el caso de las figuras usadas para la designación de candidatos con la asignación de funciones de superior categoría, la interinidad laboral o funcionarial y la comisión de servicios, aunque este procedimiento "sólo se aplica a los empleados de la Corporación, conculca la normativa vigente por la vulneración de los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia, mérito y capacidad".
LO MÁS "ADECUADO"

   Además, señala que los empleados seleccionados para un puesto de superior categoría perciben la totalidad de la retribución --básica y complementaria-- del puesto de trabajo que van a desempeñar, cuando en el caso de desempeño temporal, "lo adecuado sería la percepción sólo de las retribuciones complementarias del puesto que realmente se esté desempeñando".

   Como consecuencia de dicho informe, la mencionada resolución de Presidencia determina la creación de una comisión que hasta el 31 de marzo de 2016, trabajará en la "corrección y subsanación" de los aspectos señalados por este documento. Además, en el propio orden del día figuraba ya la suspensión del premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución, como medida "inmediata" a tenor del pronunciamiento de la Intervención y la Secretaría General a cuenta del mencionado informe, que avisa de que tales aspectos "conculcan la normativa vigente".

   Dado el contenido de la sesión, el salón de plenos ha estado repleto de trabajadores que, a modo de protesta, han alzado carteles en rechazo a la suspensión de los premios a la constancia y a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, protagonizando los trabajadores aplausos de respaldo a los grupos de la oposición que han criticado esta medida y algunos gestos de desaprobación ante las intervenciones de los miembros del Gobierno provincial socialista a la hora de defender sus decisiones.

   Durante el debate plenario, Julián Moreno, portavoz de Participa, ha pedido "retirar" del orden del día la citada suspensión de tales medidas laborales al objeto de no perjudicar a los trabajadores, cuyas protestas ha apoyado enfáticamente mientras recriminaba a los socialistas la decisión adoptada. Javier Millán, por Ciudadanos, ha alertado de que el "demoledor y contundente informe" de la Cámara de Cuentas sólo se traduce en "recortes" en la plantilla, reclamando "una comisión que investigue" los aspectos censurados por el mencionado informe, que constituye "una enmienda a la totalidad" de la gestión en materia de recursos humanos y una prueba del "descontrol organizado" que reina en la Diputación.

   Engracia Rivera, por IU-CA, ha criticado la "patada al derecho a la negociación colectiva" que protagonizan los socialistas, reclamando que la aplicación de las correcciones reclamadas por la Cámara de Cuentas sea "negociada" con los trabajadores para evitar la "judicialización" del asunto. Virginia Pérez, por parte del PP, ha advertido de que el informe va más allá de "simples recomendaciones" y revela "deficiencias estructurales" y "circunstancias que no son normales, regulares ni deseables", criticando que ni los partidos de la oposición ni los sindicatos tengan acceso a la comisión constituida para aplicar el informe.
LA PLANTILLA COMO "CABEZA DE TURCO"

   Así, ha criticado que la Diputación use a sus empleados como "cabezas de turco" y ha reclamado "soluciones integrales" para "corregirlo todo" mediante una negociación.

   Trinidad Argota, portavoz del Grupo socialista, ha defendido que aunque el informe de la Cámara de Cuentas "no es vinculante", los pronunciamientos de la Intervención y la Secretaría precisamente a cuenta del informe son "de obligado cumplimiento", asegurando que de no suspender los citados premios y el modelo retributivo "estaríamos entrando en prevaricación" y "poniendo en juego las nóminas de enero". "Estamos actuando con responsabilidad y celeridad", ha defendido manifestando su respeto a las movilizaciones de la plantilla.

   El propio Fernando Rodríguez Villalobos, finalmente, ha pedido "tranquilidad" a la plantilla, preguntando retóricamente "qué se puede hacer" ante un informe de la Cámara de Cuentas que, textualmente, señala que los citados aspectos laborales "conculcan la normativa vigente", con los consecuentes avisos del interventor y el secretario de no avalar "las nóminas de enero" si no se adoptaban medidas. "Tenemos que ser responsables", ha dicho.

   Dado el caso, las fuerzas de oposición han pedido dejar sobre la mesa la suspensión de los mencionados aspectos laborales, pero el PSOE se ha valido de su mayoría absoluta para tumbar tal propuesta, y el punto de la suspensión como tal ha prosperado con el voto a favor del PSOE, la abstención del PP y el voto contrario de IU-CA, Ciudadanos y Participa.