Los tres miembros de IU sancionados por los incidentes acontecidos el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Sevilla, donde una protesta sorpresa de los ex trabajadores eventuales de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) se saldó con el desalojo policial de estas personas junto a miembros de Participa e IU, han formulado alegaciones contra tales expedientes sancionadores.

En todos los casos, estos expedientes de la Subdelegación del Gobierno central parten de una "ocupación no autorizada de la sede del Ayuntamiento", donde los activistas del citado colectivo laboral "ocuparon y se sentaron en la escalera principal (del interior del edificio) impidiendo el paso de las personas, con pancartas y gritando consignas", según estos expedientes recogidos por Europa Press.

"El jefe del dispositivo (de la Policía Local) les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que atendieran el requerimiento", abundan los expedientes, según los cuales estas personas fueron "informadas de que la desobediencia o resistencia podría constituir un ilícito penal".

Dado el caso, los expedientes señalan una "infracción administrativa" de la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, criticada como la "ley mordaza" por diferentes fuerzas y colectivos. Tales expedientes se dirigen contra ocho de los citados trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por Lipasam; los dos concejales de IU en el Ayuntamiento hispalense, Daniel González Rojas y Eva Oliva; el coordinador local de la coalición, Ismael Sánchez; y los ediles de Participa Susana Serrano y Julián Moreno.


PLAZO DE ALEGACIONES

Los procedimientos habilitaban un plazo de 15 días para formular alegaciones y en caso de no haberlas, serían resueltos directamente con sanciones de 601 euros en el caso de los extrabajadores de Lipasam, a quienes se les achaca una infracción "grave" de la citada ley, y de cien euros en el caso de los ediles que les apoyaban por una infracción de carácter leve.

En el caso de los tres miembros de IU afectados por estos expedientes sancionadores, ya han formulado alegaciones frente a la Subdelegación del Gobierno. En sus alegaciones, según IU, reclaman que se recabe del Ayuntamiento copia de las grabaciones de vigilancia del interior y del exterior de la Casa Consistorial para comprobar lo ocurrido, que se identifique a todos los policías locales implicados en los hechos y que se cite a una serie de personas, entre las que destacan el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera.

Asimismo, se pide que una vez vistas las alegaciones y practicadas las pruebas propuestas, se acuerde el archivo del expediente "por no existir ilícito sancionable alguno" que se les pueda atribuir. Porque según IU, el polémico desalojo policial fue acometido cuando el colectivo de extrabajadores de Lipasam, ante los requerimientos de los agentes para que depusiesen su actitud, acordó con los concejales de Participa e IU acudir a las dependencias municipales de tales fuerzas para mantener "reuniones".

En ese sentido, el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, critica el "gravísimo" desalojo policial, que como se ha señalado incluyó hasta concejales. "Se pretende criminalizar y sancionar, con la Ley Mordaza en la mano, a las víctimas de aquel atentado democrático", avisa sobre estos expedientes sancionadores.


"DERIVA REPRESIVA"

Según Daniel González Rojas, "hemos llegado al absurdo de que a unos concejales se les multa por hacer su actividad política en la casa de todos". En su opinión, estos expedientes sancionadores muestran "la deriva represiva en la que está instalado el gobierno de Espadas". Por eso, "en IU no sólo pedimos la retirada de estas sanciones injustificables, sino que seguimos exigiendo al alcalde unas disculpas públicas, así como el cese del edil de Seguridad, por ser quien dio la orden del desalojo, algo que reconoció hasta el propio Sindicato de la Policía Local en un comunicado hecho público en su página web".

Así, IU defiende que "lejos de faltar al respeto o de incurrir en alguna desconsideración hacia los agentes denunciantes en este procedimiento sancionador, la realidad es que fueron los propios concejales y ex trabajadores de Lipasam quienes sufrieron acciones desproporcionadas e injustificadas por parte de funcionarios de la Policía Local que, pese a haberlo solicitado en diversas vías, aún no han sido identificados".

Además, en los escritos de alegaciones se denuncia que, con esta actuación policial, "se impidió el ejercicio de sus derechos políticos e individuales a concejales" y se precisa que los funcionarios de la Policía Local no sólo no cuestionaron la "ilegalidad" de la orden recibida, sino que "golpearon a los ediles y técnicos allí presentes, imposibilitándoles el acceso a las dependencias municipales", "recortando así, bajo violencia, tanto sus funciones como derechos fundamentales contemplados en la Constitución y en las leyes".
LAS GRABACIONES

"Fruto de estas agresiones policiales, los concejales de IU sufrieron diversas lesiones por las que tuvieron que ser atendidos en sus respectivos centros de salud y que están debidamente acreditadas en sus correspondientes recursos", incide IU, que critica que cuatro meses después de aquellos lamentables hechos, "seguimos esperando los registros gráficos de las cámaras de seguridad de la Casa Consistorial, donde se comprobará el brutal desalojo que ese día sufrieron tanto los extrabajadores de Lipasam como los concejales y el personal técnico de los grupos municipales de IU y Participa Sevilla".

"Desde Izquierda Unida no nos vamos a dejar avasallar ante las prácticas represivas del gobierno local del PSOE", advierte González Rojas, quien reitera que los responsables y cargos públicos de esta organización política "seguiremos luchando en las calles y en la institución, dando voz a quien no la tiene, apoyando el derecho a la protesta y denunciando las políticas cortijeras e indecentes de Espadas y su equipo de gobierno".