Varios de los promotores del desarrollo urbanístico de San Nicolás Este reclaman al Ayuntamiento de Sevilla 11,1 millones de euros, más intereses y costas, lo que eleva la cantidad a 12,7 millones, al considerar que el convenio es inejecutable y que se aprobó aún sabiendo que no se podía desarrollar. La Gerencia de Urbanismo niega este extremo rotundamente, por lo que pedirá en la reunión de este jueves del Consejo de este organismo que se desestime la petición de estos propietarios, con lo que se abre la posibilidad a que acudan a la vía judicial y se inicie otro pleito por un convenio que data de 2004, cuando Alfredo Sánchez Monteseirín era alcalde.

Los administradores concursales de la inmobiliaria Ábaco y tres promotores más consideran que el Ayuntamiento ha incumplido sus obligaciones al no desarrollar el convenio tal y como se estipuló en su momento, afectado tanto por las conexiones viarias (en su caso, la futura conexión con la A-4) como por su cercanía al Aeropuerto, por la zona de servidumbre y por la futura ampliación del aeródromo. Es más, consideran responsable al Ayuntamiento por aprobar “determinaciones inviables” en el PGOU de 2006, posterior a la firma del convenio.

El gerente de Urbanismo ha emitido un informe, que será llevado hoy a votación, para justificar la desestimación de los promotores asegurando que parten de una descripción de la realidad “inexacta” aludiendo a un problema “irresoluble” cuando es una “singularidad abierta” entre distintas administraciones.

Asegura el gerente que los promotores eran conocedores de la falta de urbanización de la zona de San Nicolás Este, como lo era también en la de San Nicolás Oeste, y que en el desarrollo de los planes parciales se tendría que negociar con los agentes afectados, llámese Ministerio de Fomento con la conexión con la A-4 o autoridades aéreas por la futurible ampliación del Aeropuerto de San Pablo, que no afecta al SUNS-DMN-02, sino a una esquina, a la SUNS-DE-02.

Niega el gerente que el Ayuntamiento no haya seguido desarrollando esas parcelas y argumenta que las diferentes afecciones (aeroportuarias) han ido solventándose de forma progresiva, hasta el punto de que ninguna de las administraciones afectadas presentaron alegaciones al PGOU, que aprobó en su momento la Junta, que tampoco vio imposibilidad de desarrollar el convenio.

Apunta además el gerente que “no puede sostenerse que el Ayuntamiento haya incumplido los compromisos que asumió” ni “menos que proceda reintegrar cantidades e indemnizar daños”, argumentando que, si se hiciera así, se generaría un “enriquecimiento injusto” de los propietarios de los terrenos, que “verían así su suelo urbano ordenado y no habrían contribuido a los nuevos sistemas generales ni a la adquisición de terrenos calificados como espacios libres”.

“Los reclamantes tratan de hacer confundir la inevitable complejidad del proceso con la imposibilidad definitiva en la ejecución de las previsiones del Plan General”, concluye.