El juicio que celebra desde el 18 de abril de 2017 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra Manuel Ruiz de Lopera, expresidente y ex máximo accionista del Real Betis, por un delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club durante los años 1993 y 2008 ha quedado este viernes visto para sentencia.
El proceso, que este viernes ha vivido su última sesión con la presentación de los informes finales de las defensas de los acusados María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ana María Ruiz, Bitton y Luis Oliver, ha estado marcado por el acuerdo transaccional firmado en la noche del 27 al 28 de julio de 2017 por Farusa --sociedad vinculada al expresidende Manuel Ruiz de Lopera y titular del paquete mayoritario de acciones--, Bitton --sociedad representada por Luis Oliver que acordó en 2010 la compra de las acciones de Farusa--, el Real Betis y las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, presentes en la causa como acusación y que retirarían posteriormente raíz del citado acuerdo, quedando sólo la asociación Béticos por el Villamarín, al frente de la cual se encuentra el que fuera presidente del club Hugo Galera, como parte acusadora.
Además, el Ministerio Fiscal, que aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, rebajó, en base al citado acuerdo, de tres años a seis meses de prisión, sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros --diez euros diarios durante 12 meses--, su petición de condena para el expresidente.
Por su parte, Béticos por el Villamarín, que retiró la acusación contra el exvicepresidente del Betis Ángel Martín, que al no estar acusado por la Fiscalía quedó absuelto, y contra Luis Oliver, aunque en este caso la asociación sí mantiene la petición de responsabilidad civil, en su informe final ha ratificado la petición de prisión de 14 años para el ex máximo mandatario del Betis y seis millones de indemnización --rebajada de los 26 millones pedidos inicialmente-- por un delito de un delito societario y de apropiación indebida continuado.
Además, la acusación ha solicitado la restitución para la entidad de las 20.662 acciones que en 1995 fueron cedidas a Farusa como pago de una deuda "ficticia". En este sentido, pide que de no ser posible su restitución se indemnice a la entidad por el valor que fije en tribunal.
La defensa de Lopera, ejercida por la abogada Encarnación Molino, solicitó en su informe final seis meses de prisión para su cliente, sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros, adhiriéndose así a la solicitud de la Fiscalía. La letrada reconoció que "admiten" una sentencia de conformidad "coincidente con lo pactado" y "una sentencia plenamente acordada con la Fiscalía".
Molino defendió que la acusación no ha acreditado su tesis de un plan criminal durante 15 años por parte de Lopera y su entorno para apropiarse de fondos del Betis a través de sociedades vinculadas a éste como Tegasa o Encadesa.
Sobre la petición de responsabilidad civil de la acusación por valor de más de seis millones, Molino cuestionó "para quién son", pues la asociación "no tiene legitimación y no es la perjudicada" y el Betis, el perjudicado, ha reconocido públicamente "que ha sido resarcido económicamente" con el acuerdo del 28 de julio.
Por último, la defensa de Lopera, algo a lo que se han sumado este viernes las defensas de María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ana María Ruiz y Luis Oliver, solicitó la condena en costas a la acusación, cuya actuación calificó de "pertubadora y temeraria".
En este sentido, este viernes el abogado de María Teresa González, José Manuel García-Quílez, ha añadido que, aunque a la asociación "se declare insolvente y cuya única finalidad sea este juicio" y "almorzar de vez en cuando" --como afirmó Hugo Galera en su declaración como testigo--, "ya buscaremos cómo cobrarla".
Además, García-Quílez ha solicitado la sentencia absolutoria para su defendida, administradora de Tegasa, cuya participación en los hechos juzgados es "intrascendente", e "incluso" para el resto de acusados, a la vista "de la prueba pericial del perito Francisco Velasco, de los informes finales de las otras defensas o de la inconsistencia de la acusación".
"LA HISTORIA DEL CASO DEL BETIS"
El abogado defensor ha comenzado su intervención haciendo un recorrido histórico del "caso del Betis", partiendo de la manifestación "multitudinaria" celebrada el 15 de junio de 2009 en Sevilla "contra la estructura que regía el club, dirigida por Manuel Ruiz de Lopera". En su exposición ha señalado que los fines de los promotores de aquel "movimiento en contra de Lopera y su entorno" era "desalojarlo de la dirección del club, despojarlo de sus acciones y hacerse con esas acciones tituladas por Farusa".
Así, ha recordado la apertura en 2008 de diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que llevó a esta causa, con las acusaciones de tres sociedades creadas 'ad hoc' e "insolventes" --Liga de Juristas Béticos, Por Nuestro Betis y Béticos por el Villamarín--; y el acuerdo de compra-venta de acciones entre Farusa y Bitton en 2010, con el que "podría pensarse que la fiel infantería bética quedaría satisfecha" al quedar Lopera fuera del club, pero "no fue así y ahora faltaba hacerse con el paquete mayoritario de acciones del Betis", ha expuesto.
"TSUNAMI JUDICIAL"
Ha repasado las "severísimas medidas cautelares" dictada en 2010 por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, que entonces dirigía Mercedes Alaya, y que "conllevaron la 'okupación' del Betis y el 'sekuestro' del capital social del club". "Los instigadores 'antilopera' judicializaron todo lo posible el conflicto para mantener vivo el caso con el fin de que las acciones no salieran del entorno de Lopera a Oliver", ha subrayado García-Quílez, que ha calificado todo lo vivido por el expresidente del Betis y su entorno como "un tsunami judicial".
A finales de 2013, surgió lo que el letrado ha calificado como "el cambalache", es decir, los intentos de negociación entre las partes con el "axioma" de "acciones por acciones". "Cambiar acciones judiciales por acciones del Betis", ha precisado. Tras varios desde 2013 hasta 2016, donde siempre Béticos por el Villamarín "impedía el necesario consenso".
En este punto, ha explicado que "dos varapalos" contra Lopera como el hecho de que la Sección Quinta de la Audiencia no retirara las medidas cautelares que pesaban contra él y su patrimonio y el rechazo de las cuestiones previas planteadas por las defensas al tribunal, presidido por el magistrado Ángel Márquez, en este juicio, conllevó a que el expresidente "cediera a firmar un acuerdo a pesar de que no estuvieran todas las partes y se pusiera fin al tsunami judicial".
Así se culminaba, según el letrado, con el propósito judicial de "echar a a Lopera y Oliver y quedarse las acciones y lo hicieron barato". En este sentido, el abogado defensor ha presentado un informe de la valoración de clubes de fútbol de KPMG, en el que no aparece el Betis, pero sí el Sevilla FC con un valor de 260 millones. "Quizás no valga igual, pero tampoco el Betis vale el ocho por ciento", ha asegurado, en referencia a los 20 millones pagados por la entidad verdiblanca por el 51 por ciento de las acciones a Farusa y Bitton.
Por último, el abogado de Luis Oliver ha pedido su absolución de la petición de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo y ha solicitado la condena en costas para Béticos por el Villamarín tomando como referencia el valor de las 20.662 acciones que esta asociación pide que se restituyan al club y que el propio Betis ha sacado a la venta dentro de las 23.969 acciones ordinarias en autocartera a un valor de 476,69 euros cada una.
