Se cumplen tres semanas desde que el pasado 16 de febrero fueran detenidas seis personas en el contexto de una ocupación de viviendas. Veintiún días desde que el Juzgado de Instrucción nº 4 dictaminara su ingreso en prisión.

Desde la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) reiteramos nuestra denuncia de que la medida de prisión provisional es totalmente desproporcionada y que a las seis personas detenidas se les está “causando un dolor que ya es irreparable”. El 22 de febrero la defensa de los detenidos presentó un recurso pidiendo su liberación, y pese a que han transcurrido más de dos semanas, aún no hay respuesta. Por todo ello, exigimos, una vez más, su inmediata puesta en libertad. 

El pasado miércoles 7 de marzo, el juzgado llamó a declarar a 11 personas más, en calidad de investigadas, por su supuesta participación en los hechos. En este caso, el juez no ha pedido medidas privativas de  libertad para estas personas y como, a groso modo, sus circunstancias y los hechos por los que se les investigan son similares a las que motivaron el encarcelamiento de los 6 detenidos, desde APDHA entendemos que carece de sentido que estos últimos continúen en prisión.

Insistimos en que la prisión provisional es una medida de extrema dureza, la mayor que se puede aplicar en un Estado de derecho para personas no condenadas. Creemos que no está justificada y que parece una vuelta de tuerca más contra activistas y personas pobres: un mensaje disuasorio para quienes pudieran plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa, así como a las personas que denuncian la violación secular del derecho a la vivienda. 

Asimismo denunciamos que el miércoles 7 varias personas fueron identificadas, y posiblemente multadas, por concentrarse ante el Juzgado para mostrar su solidaridad con las personas que están siendo investigadas. 

Además, el próximo martes 13 de marzo testificarán en sede judicial de los policías que llevaron a cabo las detenciones preventivas de las seis personas que están ahora en prisión. Desde APDHA Sevilla esperamos que tras la práctica de estas pruebas, se compruebe, de una vez por todas, la inutilidad de la medida de prisión provisional y de estos encarcelamientos injustos, así como el fin de las nuevas denuncias incoadas.

También mostramos nuestro rechazo a que se esté llevando a cabo una investigación judicial por “desórdenes públicos” de las 19 personas que reivindicaron el derecho a la vivienda en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado diciembre, espacio en el que habitualmente colectivos descontentos manifiestan su disgusto y propuestas, sin que hasta ahora conllevase sanción alguna por ello.

En Sevilla, la pobreza y marginación siguen sin ser resueltas ni abordadas eficazmente por los poderes públicos. Tenemos el triste récord de acoger a tres de los cinco barrios más pobres de España. Y cuando los más perjudicados alzan su voz y se procuran a la desesperada una salida a su dramática situación, en lugar de acogimiento y diálogo para buscar entendimiento y soluciones, sólo reciben la indiferencia y la represión.    

Recordemos que la Ley Mordaza –Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana- fue aprobada en un marco de miedo a la acción terrorista, como fórmula de protección a la ciudadanía. Ahora, pasados casi tres años desde su entrada en vigor, se ha demostrado nefasta, ineficaz e innecesaria, con un incremento de abusos policiales y vulneración de derechos humanos, por lo que está a punto de ser derogada o modificada sustancialmente. En vez de proteger al pueblo, se aplica contra el pueblo que discrepa y se rebela. 

Por ello, denunciamos de manera enérgica las diferentes formas represivas que el Estado está poniendo en marcha contra las personas que piensan, se expresan o se comportan de manera diferente. “Nos quieren poner la mordaza a los movimientos sociales, con medidas desproporcionas e injustas lo que buscan es la inactivación de los colectivos, la desestabilización de los movimientos, y el miedo, como estrategia paralizadora”.