El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado hoy, sin ningún voto en contra, la operación presupuestaria propuesta por la Delegación de Hacienda y Administración Pública en cumplimiento de la legislación vigente, para la utilización del superávit del Consistorio que al cierre del año 2017 ascendió a 100,6 millones de euros. Así, esta cifra, que es producto en su mayor parte de las limitaciones existentes para la ejecución de gasto público en las administraciones locales, se aplicará, en primer lugar, a reducción de endeudamiento y a la liquidación de todos los pagos pendientes de consignación presupuestaria, tal y como adelantara esta semana Viva Sevilla.
De acuerdo con la normativa actual, sólo una parte del superávit puede ser reutilizado en este ejercicio 2018. Se trata, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, de 33,5 millones de euros. De esta cantidad, en primer lugar, la Delegación de Hacienda tiene la obligación de realizar una operación de reducción del endeudamiento por un importe de 5,7 millones de euros. Con estos recursos se va a amortizar de forma anticipada un crédito, que va a suponer un ahorro en intereses para el Ayuntamiento de Sevilla de 769.690 euros. Una vez ejecutada esta operación, la deuda bancaria municipal ascenderá a 312 millones de euros, la cuantía más baja de la última década.
En segundo lugar, los recursos deben dedicarse a la liquidación de la cuenta 413 conformada por pagos pendientes sin consignación presupuestaria. En este caso, a 31 de diciembre de 2017 esta cuenta dispone de un total de 8,1 millones de euros dependientes principalmente del Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo, y la Agencia Tributaria. Con el acuerdo de hoy, el Ayuntamiento pone todos estos pagos a cero, situación que no se producía en el Ayuntamiento desde hace años. De hecho, en el inicio del mandato, en junio de 2015, esta cuenta disponía de 24 millones de euros en facturas que no se abonaron en el periodo 2011-2015 y que no contaban con consignación presupuestaria. Esta situación además va a permitir mejorar el periodo medio de pago a proveedores lastrado por facturas atrasadas con el objetivo de mantenerlo de forma permanente en el límite de 30 días.
Una vez ejecutadas estas dos operaciones, la ley establece la posibilidad de que, dentro de unas limitaciones en cuanto al tipo de proyectos, los plazos y los órganos tramitadores, se ejecuten inversiones financieramente sostenibles con el resto de los fondos del superávit. Una línea en la que se está trabajando desde el gobierno de la ciudad.
“Este gobierno no está de acuerdo con esta ley diseñada para que los ayuntamientos tengan superávit y no lo puedan dedicar de forma directa a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero somos un gobierno responsable y serio que está cumpliendo con las normativas en cuanto a techo de gasto, estabilidad presupuestaria o superávit al mismo tiempo que estamos manteniendo los mayores niveles de gasto social e inversiones que se han desarrollado en la ciudad en mucho tiempo”, explicó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
