Salen de prisión los 5 miembros de la Manada tras pagar las fianzas

Los cinco miembros de la Manada encarcelados en la prisión de Pamplona y la cárcel militar de Alcalá Meco (Madrid) han quedado en libertad después de haber abonado las fianzas de 6.000 euros decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, condenados a 9 años por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, abandonaron hacia las seis de la tarde la prisión de Pamplona donde permanecían desde que hace dos años el juez decretara prisión provisional para ellos y los otros dos miembros del grupo, encarcelados en Alcalá Meco.

De esa cárcel madrileña han partido en taxi a las 19:30 horas el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Jesús Cabezuelo, condenados a la misma pena que sus compañeros.

Los tres encarcelados en Pamplona han salido juntos del edificio, llevando sus pertenencias, se han montado en dos coches que han acudido a recibirles y han abandonado el lugar a gran velocidad, lo que ha obligado a los periodistas a tener que apartarse.

El mismo tribunal que condenó a los cinco miembros de la Manada por abusos sexuales, con un voto particular en contra que pedía su absolución, ha decretado ahora su libertad bajo fianza de 6.000 euros, también con un voto particular en contra, que se opone a la libertad y defiende la prórroga de la prisión incondicional.

Las respectivas fianzas han sido depositadas por sus allegados a lo largo de la mañana, lo que ha posibilitado su puesta en libertad.

A partir de ahora deberán comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia. Además, según las medidas cautelares impuestas, tienen prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.

También se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial y deben designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.