La justicia ha rechazado por tercera vez el cierre de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) después de las resoluciones dictadas en 2016 y 2019 por el juzgado de instrucción 3 de Sevilla y en febrero de este año por la Audiencia Provincial sevillana.
La Junta de Andalucía adjudicó en 2015 la concesión para la reapertura de la explotación a Minera Los Frailes, filial de Grupo México y Minorbis, y la empresa perdedora del concurso internacional convocado, Emerita Resources, planteó un litigio judicial por la adjudicación durante el cual ha solicitado en tres ocasiones el cierre de la explotación pero sin lograrlo.
Esta mina causó en 1998 el mayor desastre ecológico de la minería española con un vertido tóxico que llegó a las inmediaciones de Doñana y un coste de varios cientos de millones de euros para las administraciones, que no lograron recuperar un solo euro a la multinacional sueca Boliden, propietaria de esta explotación.
El Gobierno central y la Junta de Andalucía invirtieron 200 millones de euros en la regeneración de los 45 kilómetros del cauce del Guadiamar afectados por este vertido para convertirlo en un corredor ecológico que conecta Doñana y Sierra Morena, dos de los principales espacios protegidos españoles.
La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, rechazó en dos ocasiones las peticiones de cierre de la mina, lo que también ha decidido la magistrada Mercedes Alaya, ahora en la sección séptima de la Audiencia de Sevilla y antes instructora del caso ERE.
Una eventual suspensión de la actividad minera en Aznalcóllar por parte de Alaya "hubiera ocasionado una importante factura, no sólo a la localidad minera, sino a todos los contribuyentes andaluces", han añadido fuentes del caso tras recordar que Minera Los Frailes se está haciendo cargo de la gestión de los pasivos ambientales que dejó Boliden cuando abandonó Aznalcóllar, con un coste de seis millones de euros anuales.
Hasta la llegada de la empresa ganadora del concurso, de este montante se hacía cargo la Junta de Andalucía, que había gastado 72 millones de euros en la explotación, según las fuentes.
En caso de que la jueza Alaya hubiera suspendido la actividad, "la gestión de dichos pasivos hubiera vuelto a manos de la Junta de Andalucía", han subrayado las mismas fuentes tras recordar que "están en juego 300 millones de euros de inversión, 2.000 empleos y 52 millones de toneladas de metales que supondrían 32 años de actividad".
Tras la repaertura judicial del caso el pasado 26 de septiembre por orden de la Audiencia de Sevilla, dimitió de su cargo el presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que era el secretario de Innovación de la Junta de Andalucía cuando se convocó el concurso internacional para la explotación de la mina.
Fernández declaró en diciembre en el juzgado y aseguró que Emerita tenía poca solvencia y estaba en causa de disolución, negó cualquier tráfico de influencias, presión o injerencia en el procedimiento y mostró su apoyo a la actuación de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica, todos investigados en esta nueva fase de la instrucción.
