El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros por parte del excontable de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, ha eximido al alcalde, Juan Espadas (PSOE), de declarar en la causa como testigo.
En una providencia fechada el 5 de junio, el instructor atendió la solicitud de Vox, que ejerce una de las acusaciones, y acordó que Espadas acudiese a declarar el próximo 3 de julio, ya que entre sus atribuciones figura la presidencia del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Lipasam.
Según han informado fuentes judiciales a Efe, el Ayuntamiento presentó un escrito en el que alegaba que todos los alcaldes ocupan esos puestos en su condición de primer edil y que Espadas no podría aportar más información que la actual gerente de Lipasam, cuya comparecencia ante el juzgado está prevista para el 8 de julio.
El juez instructor ha estimado estos argumentos y ha dejado sin efecto la citación de Espadas, aunque la decisión puede variar en función de lo que declare la directora gerente de la empresa municipal.
El investigado, que según el juez desvió 1.012.275 euros, compareció el 4 de marzo, reconoció los hechos y puso su patrimonio a disposición del juzgado para satisfacer las posibles responsabilidades.
La mujer del excontable comparecerá el 3 de julio como investigada, si bien su marido la exculpó a pesar de que ella es cotitular de las cuentas donde fue ingresado el dinero.
También a petición de Vox, el juez ha citado para el 9 de julio a David Guevara, teniente de alcalde y delegado de Transición Ecológica y Deportes, que declarará como testigo por ser vicepresidente del consejo y de la comisión ejecutiva de Lipasam.
El juez, además, ordenó investigar el patrimonio de la pareja investigada y los movimientos de sus cuentas corrientes entre el 1 de junio de 1989 y el 17 de diciembre de 2019.
El antiguo jefe de contabilidad de Lipasam, que entró en la empresa en 1986, admitió que había desviado a sus cuentas personales fondos destinados a pagar a proveedores.
De acuerdo con su declaración, operó así desde mediados de 2008 a 2019 y el sistema que empleaba era "de difícil detección" para Lipasam, que le pagaba unos 2.500 euros al mes en sus últimas nóminas.
El investigado también explicó que a los pocos días de salir de Lipasam acudió a una comisaría a confesar los hechos porque tenía cargo de conciencia, aunque no pudo hacerlo, a lo que añadió que se ofreció a declarar voluntariamente en cuanto se enteró de que había una investigación judicial.
La acusación ejercida por Lipasam atribuye a su antiguo empleado los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
