Las costuras de los juzgados de lo Social en Sevilla estallaron ya hace años. El colapso de los 12 juzgados (el último de ellos empezó a funcionar en septiembre de 2020) es conocido y viene arrastrándose, pero la pandemia y el estado de alarma, que supuso un parón de la actividad judicial que no se recuperó hasta el pasado 4 de junio, han terminado por dinamitar la situación.
El no poder aplicar la justicia con los principios de celeridad, inmediatez y seguridad atenta contra lo más esencial de la persona, que es su seguridad jurídicaEl Colegio de Graduados Sociales de Sevilla traduce la alarma que denunciaron conjuntamente hace días con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ): la crisis sanitaria ha supuesto incrementar en dos años la demora en los señalamientos de los juicios. Dicho de otra manera: hay juicios por despidos, por reclamaciones de cantidades o por el cobro de prestaciones que se señalan ya para 2025. “Esto no es puntual ni se produce por la pandemia, pero sí se ha agravado hasta unos límites muy preocupantes”, reconoce el presidente del Colegio, José Ramón Barrera, que apostilla: “El no poder aplicar la justicia con los principios de celeridad, inmediatez y seguridad atenta contra lo más esencial de la persona, que es su seguridad jurídica”.
El frenazo a la actividad ordinaria de los juzgados ha obligado a reprogramar los juicios que estaban señalados para los meses que duró el estado de alarma: “Algunos todavía siguen sin nueva fecha”, remarca Barrera. Esta realidad unida al aluvión de demandas por despidos consecuencia de la pandemia y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) Covid -en Sevilla, son más de 18.000 sevillanos los que están afectados por este tipo de ERTE a fecha 12 de febrero de este año- hacen que los juzgados de lo social esté en serio peligro de entrar en coma.
Los graduados sociales se quejan, sí, pero proponen soluciones. La primera de ellas pasa por contar con los juzgados de lo contencioso. En ellos, la media de asuntos al año está en poco más de 300; en los juzgados de lo social, supera los 1.100 casos cuando la ratio que tienen fijada es de 800 anuales. “Se podrían derivar casos a estos juzgados”, para así aliviar el trabajo de lo social. Igualmente, estos profesionales plantean señalamientos por la tarde. “Si por la mañana no hay salas” por problemas de falta de espacio, “que se señale también por la tarde”, abundan. Por último, apuntan a modificaciones legales para eliminar trámites, como el de la conciliación administrativa previa porque estos pasos “entorpecen”.
“El panorama es muy muy preocupante”, reconoce el presidente del Colegio, José Ramón Barrera que tira de casos concretos para dimensionar el drama. “Los más afectados por los despidos en esta pandemia han sido los jóvenes de entre 25 y 35 años. Estamos hablando de familias con niños pequeños y facturas que pagar que no tienen ni una perspectiva sobre cuándo se resolverán sus casos”, relata. “La credibilidad de la Justicia se mide por su eficacia, rapidez y seguridad jurídica”, sentencia.
