Abogados con antecedentes por violencia machista no podrán asistir a víctimas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el real decreto que establece los requisitos para abogados y procuradores del turno de oficio y que determina que no podrán prestar asistencia a víctimas de violencia machista aquellos que cuenten con antecedentes penales por malos tratos.

Este real decreto impulsado por el Ministerio de Justicia entrará en vigor dentro de 20 días (el 28 de septiembre) para facilitar que los colegios profesionales de la Abogacía y los procuradores puedan adaptar sus respectivos turnos de oficio.

De esta forma, se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en relación a las víctimas de violencia de género y otras víctimas vulnerables para evitar que éstas sean defendidas o representadas por abogados y procuradores con antecedentes penales por este tipo de delitos.

Se introduce un nuevo artículo en el citado Reglamento para regular los requisitos específicos que los profesionales, tanto de la abogacía como de la procura, inscritos en el turno de oficio especializado en violencia de género deberán cumplir para garantizar una relación de respeto y recíproca confianza entre el profesional y la persona beneficiaria de justicia gratuita.

Así, no podrán prestar dicho servicio los profesionales que cuenten con antecedentes penales por hechos de naturaleza similar a los de las víctimas defendidas o representadas.

Esta exigencia se extiende, además de a las víctimas de violencia de género, a la defensa y representación de víctimas de otros delitos, como son el terrorismo y la trata de seres humanos, así como a las víctimas menores de edad y las víctimas con discapacidad necesitadas de protección especial.

Con la publicación de este real decreto, se atiende a la recomendación que el Defensor del Pueblo realizó al Ministerio de Justicia en octubre de 2021 para que se garantice a las víctimas de violencia de género que son asistidas y representadas por letrados de los turnos de oficio especializados sin que sea posible la participación de abogados que hayan sido condenados por violencia machista.