Un conductor de la línea de tres de autobuses urbanos de Vitoria, Tuvisa, está recogiendo firmas entre los viajeros para impedir que las mujeres con burka puedan hacer uso de este servicio público, una decisión que ha llevado a los grupos de la oposición del Ayuntamiento a pedir a la presidenta de esta empresa municipal, Idoia Garmendia (PP), una reunión "extraordinaria y urgente" para abordar este asunto.
La decisión de los grupos de la oposición (PNV, EH Bildu y PSE-EE) se ha producido tras conocerse que uno de los conductores de la 'línea 3' de Tuvisa estaba aprovechando su turno de la mañana de este viernes para recoger firmas entre los viajeros, con el fin de prohibir que las personas con burka puedan entrar en los autobuses de Tuvisa.
El conductor, según han relatado a Europa Press testigos presenciales y han confirmado después desde el grupo municipal de EH Bildu, está pidiendo a todas las personas que acceden al autobús que firmen un escrito solicitando que las mujeres con burka o "encapuchadas" no puedan hacer uso de este servicio de transporte público.
Además de pedir el respaldo de los ciudadanos a esta medida, el chófer también ha lanzado reproches de todo tipo contra quienes utilizan este tipo de prenda de vestir y contra otros colectivos, como los extranjeros que hablan en otros idiomas.
REUNIÓN URGENTE
Tras conocer los hechos, EH Bildu, el PNV y el PSE-EE han solicitado a la presidenta de Tuvisa, la popular Idoia Garmendia, la convocatoria de una reunión "urgente y extraordinaria" para abordar este "grave" asunto, según han confirmado fuentes de la coalición 'abertzale'.
En la reunión se analizará la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias contra este conductor, que según han explicado los testigos consultados por Europa Press, asegura tener el respaldo de numerosos compañeros.
Estos hechos se han producido tan sólo un día después de que un vitoriano, que fue presuntamente agredido por recriminar a otro ciudadano por sus reproches a las personas inmigrantes, haya anunciado la presentación de una denuncia ante los tribunales de justicia.
Tanto el denunciante como todos los grupos de la oposición de Vitoria responsabilizaron al alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), de lo ocurrido, debido a sus mensajes sobre las personas inmigrantes que están siendo investigadas por la Fiscalía por un presunto delito de incitación al odio por motivos raciales.
