El grupo municipal Costa del Sol Sí Puede denuncia ante los Juzgados de Torremolinos las “presuntas” irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de consejería del Patronato Municipal de Deportes de 2011 a 2015 por el exalcalde, Pedro Fernández Montes, el exconcejal de Deportes, José Carrión Navas, y la jefa de contratación del Ayuntamiento.
La querella viene motivada por posibles delitos de prevaricación por omisión, fraude a la administración y malversación de caudales públicos cometidos al “conservar los pagos a la empresa adjudicataria del servicio sin contar con contrato alguno, prorrogándolos año a año”, explica el portavoz del partido instrumental de Podemos en Torremolinos, José Piña.
A pesar de que se advirtió en su momento de que este tipo de contratos menores no se pueden prorrogar, el PP no solo lo mantuvo, sino que fue incrementado el importe, llegando a los 180.000 euros pagados “incumpliendo lo que marca la Ley de Contratación del Sector Público”.
Se tata de un hecho continuado y que se ha sostenido sabiendo que no era legal, algo que nunca le ha importando al Partido Popular mientras gobernaba. Tampoco se entiende la postura tomada por el PSOE que “se ha limitado a revocar el contrato y poco más”, dejando a los trabajadores y trabajadoras en una situación de indefensión que habría que revisar para darles cobertura legal en caso de que la denuncia siguiera adelante.
El equipo de Gobierno vuelve a hacer gala de su pasividad y de su irresponsabilidad al dejar pasar “estas irregularidades” sin pedir explicaciones de ningún tipo y sin emprender las acciones pertinentes. Este “pacto de no agresión” que el PSOE mantiene para no llevar ante los tribunales a los populares “no se entiende por parte de la ciudadanía” que todavía está esperando que los socialistas “abran puertas y ventanas en este Ayuntamiento”, afirma José Piña.
El Juzgado de Instrucción nº5 de Torremolinos ha admitido a trámite la demanda y ha iniciado las diligencias previas trasladando la información al Ministerio Fiscal para su investigación.
Fueron los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que ratificaron en junio de 2015 la “ilegalidad” en la que incurría el contrato con la empresa BCM Gestión de Servicios, una situación que se mantenía así desde 2011 y de la que tenían conocimiento tanto el exalcalde, Pedro Fernández Montes, como el exconcejal de Deportes, José Carrión.
