Continúa la polémica sobre los festejos de los bous al carrer. Después de que la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, deslizara que podría plantear un debate sobre la prohibición de este tipo de fiestas, las voces no han hecho más que alzarse.
El PSPV de Castelló y el PP en boca de su síndica M.ª José Catalá fueron los primeros que criticaron ese mensaje afirmando que “la solución no es prohibir”. Y es que la Comunitat Valenciana tiene uno de los reglamentos más férreos en lo que a seguridad se refiere.
Por eso, el debate debería centrarse en por qué se ha llegado al punto de que las fiestas puedan ser vulnerables. Los datos reflejan que algo está fallando: 7 víctimas mortales en lo que llevamos de verano, una cifra que iguala el peor año (2015).
Ahora, quien ha contraatacado es el sector taurino. La federación de peñas de bous al carrer lanzó un comunicado a través de su presidente, Germán Zaragozá. En él se habla de “decisiones electoralistas” y de “visibilidad de cara a las próximas elecciones”.
Pero lo más contundente fue el aviso que lanzó: “Se adoptarán las acciones judiciales correspondientes contra quienes vulneren los derechos de los aficionados valencianos”.
En el comunicado también habla del “derecho al acceso a la cultura y que la tauromaquia lo es indudablemente”, de que “los ayuntamientos y tampoco las autonomías tienen competencias para prohibir estos festejos” y de que “no se puede obviar el arraigo de los bous al carrer como manifestación cultural legalmente reconocida”.
