El director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), Jesús Damián Martí, ha defendido este martes a la salida de los juzgados que la campaña sobre el 'chemsex' -práctica consistente en usar drogas para actividades sexuales- persigue "reducir los daños y riesgos" de esta práctica al igual que "se lleva a cabo en todos los países civilizados".
Martí ha realizado estas declaraciones tras prestar declaración junto a la directora de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Ofelia Gimeno, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia tras la querella interpuesta por Abogados Cristianos por considerar que esta campaña del IVAM promueve el 'chemsex'.
Al respecto, ha explicado que las campañas informativas del IVAJ y las acciones relacionadas con la educación afectivo-sexual de la gente joven "van en la línea de los países modernos".
En ese sentido, ha recalcado que es "una completa falsedad" que el IVAJ "haya hecho una campaña para promocionar las drogas o el sexo y mucho menos entre personas menores de edad", como mantiene Abogados Cristianos, sino que se trata de "acciones informativas y de sensibilización para llegar a determinadas franjas de edad que usan las redes sociales".
De hecho, ha subrayado que justamente lo que busca es "reducir los daños y los riesgos que provoca el 'chemsex', que nos guste o no, se practica".
Así, ha recordado que una encuesta sobre hábitos sexuales y consumo de drogas entre hombres, realizada por Apoyo Positivo y avalada por el Ministerio de Sanidad, que dice que del 100% de los encuestados que participaron en prácticas de 'chemsex' en 2021 el 61,9% residía en la Comunitat de Madrid y el 3,2% en la Comunidad Valenciana.
Campaña de la extrema derecha
Por su parte, el exsecretario autonómico de Igualdad y portavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez, ha reprochado que esta denuncia forma parte de "la estrategia de la extrema derecha de la tinta del calamar para hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así" y ha defendido "la valía profesional incontestable" de los dos altos cargos acusados y su trabajo en favor de "la salud pública y una educación sexual de calidad para los valencianos".
Ibáñez, que ha acompañado a los dos alto cargos para darles apoyo, ha lamentado que con estas acusaciones la extrema derecha "solo hace que embarrar" la vida política, "saturar el sistema judicial y, lo que es muy peligroso, dar miedo a unos profesionales que solo han desarrollado una campaña de salud pública avalada por todos los organismos internacionales".
"Los valencianos -ha constatado- merecen mucho más y ruego a la extrema derecha que transite por las vías democráticas y no pervierta el Estado de derecho para hacer partidismo". Así, ha insistido en que "no hay que trasladar a la Justicia el debate partidista y político" y se debe "dejar trabajar a los jueces".
Además, ha recalcado que las Administraciones "deben seguir trabajando por la educación sexual" porque es "la mejor manera de combatir la violencia sexual y los maltratos, algo en lo que teóricamente todos estamos de acuerdo". Por ello, ha señalado que "no tiene sentido decir que estamos de acuerdo en esto y luego poner palos en las ruedas y se dificulte un trabajo profesional".
Asimismo, preguntada por una campaña similar puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, ha replicado que "estas organizaciones están más pendientes de las Administraciones donde gobiernan partidos de izquierda, como Compromís, que en las que gobiernan partidos cercanos a ellos como PP y Vox". En cualquier caso, considera "maravilloso" que el Gobierno de Almeida "haga políticas que defiendan una cuestión tan sencilla como la educación sexual".
Por contra, el letrado de la Fundación Española de Abogados Cristianos ha explicado que han interpuesto esta querella al considerar que la campaña el chemsex en las redes sociales e "incita a menores de edad a esta práctica" y "lo más grave, que se promocionó con dinero público una aplicación para promocionar los contactos para realizar chemsex entre usuarios de esta práctica y también con los que proporcionan las drogas para esta práctica".
Por este delito contra la salud pública, en su opinión, debería penarse con una multa de entre seis meses a un año. Así, señala que la aplicación --paralizada por esta querella y que todavía no se ha puesto en marcha-- dispone de un presupuesto aprobado de casi 5.500 euros, carecía del requisito legales del preceptivo control de la mayoría de edad y había ya un pliego administrativo con todas las necesidades técnicas que requiere su puesta en marcha.
Preguntado por la campaña de Madrid, ha replicado: "Esa campaña no me consta, pero si hiciera algo parecido por supuesto que iniciaríamos una campaña idéntica a esta".
