El fiscal anticorrupción Pablo Ponce ha concluido este miércoles que los siete contratos de alta dirección firmados por la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra fueron "ilegales y arbitrarios" y que esta empresa pública, que sustituyó a Imelsa, "no ha sido más que un chiringuito a lo largo de toda su existencia".
Sobre los directivos contratados ha sido igualmente tajante: "El único proceso de selección fue la adscripción política" de los beneficiaros, todos ellos afines al PSPV-PSOE o a Compromís.
El juicio del caso Alquería, que comenzó el pasado 19 de septiembre, ha alcanzado este miércoles la fase final de conclusiones e informes.
El Ministerio Público ha informado -durante dos horas y media- de que mantiene su acusación contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y las otras 13 personas acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección supuestamente irregulares.
Las acusaciones son por supuestos delitos de prevaricación y malversación en su modalidad continuada, tráfico de influencias y organización criminal, supuestamente materializados en contratos de altos directivos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio estimado por el fiscal de 1,1 millones de euros para las arcas públicas -cantidad que hace referencia a los salarios de esos altos cargos-.
"Los nombramientos vinieron de Presidencia de forma expresa, como aseguró Agustina Brines -cogerente- en fase de instrucción", ha apuntado Ponce, quien ha añadido que las áreas de responsabilidad de esa alta dirección se definieron exclusivamente para vestir estas contrataciones.
Esos contratos "nunca pasaron por el consejo de administración porque se conocía la opinión contraria a los mismos del letrado, que hubiese reparado en ellos por su ilegalidad y se hizo todo lo posible para evitarlo".
"No hubo publicidad, no se respetaron los principios de igualdad o capacidad". A juicio del fiscal, Brines tenía "perfecto conocimiento de la ilegalidad de las contrataciones" y Rodríguez también, por los correos que le envió Sahuquillo (cogerente, junto con Brines, de Divalterra) tras pedir informes a varios especialistas.
"No se trata de pagar por ir a trabajar, sino de si ese trabajo es adecuado, motivado y necesario para la empresa. Los contratos de alta dirección fueron una argucia legal, una ficción, para sustraerse a la normativa legal" y "colocar" a miembros del PSPV-PSOE y Compromís.
Por todo ello, solicita para Rodríguez, el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) un total de ocho años de prisión.
Para los siete altos cargos contratados pide seis años de prisión, y otros tantos para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el también gerente Xavier Simón; hay un procesado al que el fiscal no acusa.
El fiscal reclama el reintegro de la cantidad supuestamente malversada, "aunque la empresa pública no lo haya pedido", que deberá ser reintegrada a las arcas de la Diputación Provincial de Valencia por los acusados.
El fiscal ha pedido también que se impongan las costas procesales a los acusados, incluyendo las de las acusaciones populares, que ejercen en esta causa el PP y Acción Cívica contra la Corrupción.
Las acusaciones se han adherido a las peticiones de condena de la Fiscalía, salvo en el caso del delito de tráfico de influencias, que la letrada de Acción Cívica no comparte.
Por el contrario, las defensas han pedido en todos los casos sentencias absolutorias, con la condena en costas para las acusaciones populares, que a su juicio no podrían haberse adherido a las peticiones del fiscal porque "no están legitimadas para pedir responsabilidad civil".
