Un policía y una abogada se enfrentan a 7 años por favorecer la inmigración ilegal

Una abogada y propietaria de una gestoría de Alzira (Valencia) y un policía nacional de la Oficina de Extranjería de esa misma localidad, compañeros sentimentales, se enfrentan a una petición de condena de 7 años de prisión por encabezar, supuestamente, una organización criminal para dotar de documentación falsa a ciudadanos de países extracomunitarios.

Estos hechos son enjuiciados desde este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en una causa en la que hay otras 12 personas procesadas (ucranianas, eslovacas, georgianas y armenias), cinco de las cuales no han podido ser localizadas y se han dictado órdenes contra ellas de busca y captura.

Esta supuesta red corrupta operaba con la intención de hacer pasar por ciudadanos comunitarios a quienes no lo eran, para que así pudiesen solicitar un certificado del NIE que les permitiera trabajar y darse de alta en la Seguridad Social.

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la banda actuó hasta diciembre de 2017.

Una vez obtenían el NIE, los procesados se valían de empresas de Trabajo Temporal dedicadas a la recolección de productos agrarios que contrataban a los ciudadanos pese a las identidades falsas.

La acusación pública pide penas que oscilan entre los cuatro y los siete años de prisión por los delitos continuados de auxilio a la inmigración ilegal, falsedad en documento oficial y el delito de integración en banda criminal.

Para permanecer en territorio nacional sin poseer la preceptiva documentación, los ciudadanos extracomunitarios a los que auxiliaba esta red corrupta acudían al territorio nacional en calidad de turistas con su propia documentación personal, si bien posteriormente el entramado de la organización les dotaba de documentaciones falsas de países de la UE.

Los integrantes de la organización procedían a solicitar y obtener el Certificado de asignación de un Número de Identificación de Extranjero (NIE) para ciudadanos comunitarios, requisito imprescindible para que cualquier ciudadano del espacio Schengen resida y pueda trabajar en España con los mismos derechos que cualquier nacional.

En concreto, la certificación de NIE les permitía obtener el alta en la Tesorería General de la Seguridad Social y trabajar de forma regular como ciudadanos de la Unión Europea en España.

Dos de los procesados, que anunciaban ofertas de trabajo en el extranjero, aseguraban tener fábrica propia así como terrenos propios donde trabajar y recolectar fruta.

De este modo ofrecían contrato de trabajo, documentación falsa y direcciones donde permanecer en España, todo ello previo pago de entre 800 y 900 euros.

Dichos procesados les ponían en contacto ciudadanos de origen extranjero no comunitarios y el falsificador para la obtención de documentos falaces de países del espacio Schengen.

Una vez integrados dentro de las cuadrillas de trabajadores agrícolas, varios de los procesados se encargaban de explotarlos laboralmente, "mediante jornadas de trabajo agotadoras y descontando de manera abusiva del salario por su trabajo los gastos por alojamiento, transporte, así como proferiéndoles represalias directas a los propias trabajadores o a sus familias en los países de origen", detalla el fiscal en su escrito.

La abogada procesada se prevalecía, siempre según el fiscal, de su condición de propietaria de una gestoría y de su relación sentimental con el policía procesado, acusado de grabar en el registro público toda la documentación falsa a sabiendas de que lo era.

En los registros domiciliarios de ambos se encontró documentación supuestamente utilizada en estos trámites ilícitos y en la cuenta corriente de la letrada se realizaron ingresos de cerca de 30.000 euros que el fiscal relaciona con esta operativa.