El Gobierno planea privatizar un treinta por ciento de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que además se va a transformar en Sociedad Estatal, lo que ha generado una fuerte contestación por parte de los loteros, que insisten y reiteran que el sector del juego estatal está perfectamente saneado económicamente y no necesita la entrada de empresas privadas.
Pero el Gobierno es tajante desde que puso en marcha su intención de abrir el organismo al sector privado: nada va a cambiar para los cerca de 4.000 loteros que existen en España con la entrada de capital privado, aunque éste sí puede contribuir a racionalizar el modelo de gestión, a modernizar el organismo y su red de ventas y a diferenciar con mayor nitidez las funciones de operador y de regulador que hasta ahora desempeña.
Con ese ambiente en la trastienda de las administraciones llega el miércoles el Sorteo de Navidad, y los ciudadanos, ajenos claro a ese proceso de transformación en el que está inmerso el sector, vuelven a depositar en él, y sobre todo en ese Gordo, una gran parte de sus expectativas de mejorar.
No en vano, se trata del sorteo más arraigado de España, en el que los ciudadanos gastan unos 3.000 millones de euros (aproximadamente el treinta por ciento de la facturación anual de la LAE) y no es ni mucho menos el que más millonarios hace, pero sí el que más premios reparte.
El armazón legislativo con que se implementará la reforma es complejo, ya que los diferentes retoques que afectan al sector del juego estatal están previstos en un decreto que incluye un paquete de medidas económicas, en una disposición adicional incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, y en la futura Ley del Juego, que el Gobierno tiene previsto aprobar en enero.
Desde la propia LAE, sus responsables han insistido durante los últimos meses en la necesidad de introducir “racionalidad” y de modernizar el organismo, y han apuntado a la permanencia de un régimen que en ocasiones han llegado a tachar de “casi feudal”, con normas más propias del siglo XIX que del XXI.
El Gobierno mantiene que la entrada del capital privado no va a afectar a la relación que Loterías y Apuestas del Estado mantiene con los 4.000 loteros que existen en España, que emplean de forma directa a unas 12.000 personas.
Pero el presidente de la Asociación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (Anapal), Manuel Izquierdo, cuestiona la necesidad de que el capital privado entre en el juego estatal.
En declaraciones a EFE, el presidente de esta organización profesional –una de las más beligerantes contra la reforma– recuerda que de los aproximadamente 10.000 millones de euros que factura anualmente el juego estatal en España, unos 3.000 van directamente al Tesoro.
Según Izquierdo, el juego estatal español es “la envidia de Europa” por control, por eficacia y por productividad, y cuestiona por ello el interés de que participen en el mismo empresas privadas que buscarán, “legítimamente” –señala– la mayor rentabilidad económica o que éstas pudieran estar dispuestas a aportar al Tesoro Público el treinta por ciento de lo que van a facturar.
Y frente a la modernización que persiguen las reformas, el presidente de esta organización incide en el arraigo que en España tiene el décimo de lotería, pero “en papel”, y en que los intentos que ya se están haciendo durante los últimos meses por incorporar las nuevas tecnologías, y sobre todo Internet no acaban de cuajar.
“La venta online no arranca; no tira”, mantiene Manuel Izquierdo, y apunta que el porcentaje de lotería nacional que se vende por internet es mínimo.
Sin embargo, las empresas especializadas en la venta de lotería por internet defienden las ventajas de las compras a través de la red, y en el progresivo incremento de ciudadanos que optan por evitarse las largas colas que se forman frente a las administraciones de lotería comprando directamente desde su ordenador.
Así, uno de los portales especializados en este tipo de venta, Lotopía.com, cifra en un 25% el crecimiento de las ventas online en lo que va de año con respecto a las cifras del pasado ejercicio, y sus responsables lo achacan al progresivo incremento del número de internautas.
