Rubalcaba y el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro protagonizaron un duro enfrentamiento en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en la que el primero aseguró que –en contra de lo que reflejan las actas intervenidas al exdirigente de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry– nunca hubo instrucciones políticas para que se dejara de detener a terroristas.
“Al contrario”, dijo el titular de Interior, que recordó que, en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –que ha incorporado las actas a la causa en la que investiga el chivatazo que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión–, policías españoles y franceses, guardias civiles y ertzainas han manifestado que se les ordenó “apretar” a la banda.
Las explicaciones de Rubalcaba, que echó en cara al PP su “soledad” a la hora de llevar estos asuntos al Parlamento, no han convencido a Gil Lázaro, que consideró que las actas de ETA ponen “contra las cuerdas” al ministro y le exigió que abandone el cargo.
“Ante la ignominia de las actas de ETA, usted ya no tiene margen para más trucos, insultos, engaños, guasas y evasivas”, dijo el diputado, que emplazó a Rubalcaba a decir “la verdad” y a marcharse.
Fuentes del PP señalaron a Efe que este partido no dará por roto el Pacto Antiterrorista pese a considerarse “engañado” por el Gobierno, pero sostuvieron que esta postura es compatible con la insistencia en sus críticas a Rubalcaba por el caso Faisán, en el que ven una vía de desgaste de quien se vislumbra como posible sucesor del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
En este sentido, el presidente del Congreso, José Bono –cuya renuncia al cargo de ministro de Defensa fue una de las supuestas contrapartidas ofrecidas a ETA por el Ejecutivo, según publicó ayer La Razón–, dijo ayer que los etarras son asesinos a los que no se debe creer y advirtió de que acabar con la banda es más importante que “ganar las elecciones”.
Otras formaciones decidieron ayer no entrar en el debate, y así el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, dijo que su partido “ni da ni deja de dar crédito” a las actas de ETA y se reconoció incapaz de juzgar la veracidad de los documentos.
