El fiscal acusa al expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de mediar para conseguir agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios para la empresa Naranjax dirigida por Vicente Vilar entre los años 1999 y 2002, mientras que la defensa del exdirigente 'popular' niega las acusaciones y asegura que Fabra sólo tenía interés por lo que afectara a la provincia de Castellón, "cualquiera que fuera su naturaleza".
Así, en el escrito de acusación del ministerio público, leído en la primera sesión del juicio contra Carlos Fabra, que ha comenzado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, se señala que el expresidente de la Diputación medió con varios ministerios y se reunió con responsables políticos para conseguir la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario Abamectina (ABAC), principal producto de las empresas controladas por Vilar y su exmujer, que se aprobó el 18 de octubre de 1999.
Además, el fiscal afirma que entre 1999 y 2004 Fabra y su exmujer, Amparo Fernández, "realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, tales como ingresos en efectivo, mediante cheque o transferencia, así como cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden "ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública".
Por su lado, la defensa de Carlos Fabra, niega en su calificación los hechos y que Fabra "se valiera su cargo de presidente de la Diputación para interceder ante ministerios y agilizar la tramitación de productos fitosanitarios". Según esta parte, sólo existía el interés de Fabra "por lo que afectara a la provincia de Castellón, cualquiera que fuera su naturaleza".
En su escrito de calificaciones provisionales, el fiscal solicita hasta 13 años de prisión para Carlos Fabra, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales.
Además, solicita para Vicente Vilar cuatro años de prisión y una multa de 600.000 euros, al igual que para la exmujer de éste, Montserrat Vives, ambos acusados del delito continuado de cohecho. Para la exesposa de Fabra, Anticorrupción reclama seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, una multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644,5 euros.
Finalmente, para el exenador del PP, Miguel Prim, el ministerio público pide un año de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Por su parte, la UCE eleva la petición de pena para Carlos Fabra a 14 años y seis meses de prisión, una multa de 6.868.129,98 euros y una indemnización de 886.475,89 euros; para su exmujer, María Amparo Fernández, pide siete años y seis meses de cárcel, una multa de 2.571.867,48 euros y una indemnización de 586.372,08 euros.
Para Vicente Vilar, al que acusa de cohecho y tráfico de influencias, la acusación popular solicita tres años y once meses de prisión y una multa de 2.637.684,06 euros. Asimismo, acusa a Montserrat Vives de cohecho y tráfico de influencias y solicita para ella la misma pena que para su exmarido. Para Miguel Prim demanda un año de prisión por tráfico de influencias.
LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN
Al igual que el abogado de Carlos Fabra, el resto de defensas han solicitado la libre absolución para sus patrocinados. Así, el letrado de Montserrat Vives, afirma que no son ciertos los hechos relatados por la acusación, y solo reconoce que su defendida adquirió el 50 por ciento de la empresa Artemis 2000 junto a la exmujer de Carlos Fabra, cuyo administrador era Vicente Vilar.
La defensa de Vicente Vilar también se muestra disconforme con las acusaciones y dice que los hechos no ocurrieron tal y como éstas señalan. Según su abogado, el empresario "no cometió delito alguno" y "aceptó la intervención de Fabra ante varios ministerios para interesarse por los expedientes que se tramitaban para conseguir licencias de productos fitosanitarios de su empresa".
"No puede ser considerado autor de ningún delito, por lo que procede su absolución", según el escrito. El letrado de Miguel Prim destaca en sus conclusiones que los hechos imputados a su defendido no son ciertos, por lo que pide su absolución.
