El jugador del Real Betis Rubén Castro ha vuelto a declarar este jueves en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla después de que su exnovia ampliara la denuncia inicial interpuesta contra el futbolista, que llevó a la juez a imputarle, además de un delito de agresión sexual, otro de maltrato habitual.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el delantero del Betis ha sido citado por la juez para "ampliar" su declaración inicial tras la ampliación de la denuncia, tras lo que ha prestado declaración hasta pasadas las 14,00 horas, negando a lo largo de su comparecencia todos y cada uno de los nuevos hechos denunciados por su expareja a principios del pasado mes de agosto.
Según las fuentes consultadas, tras la declaración no ha variado la situación procesal del futbolista, a quien la juez imputa sendos presuntos delitos de agresión sexual y maltrato habitual, quedando vigente la orden de alejamiento de 300 metros respecto a la denunciante y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio que se le impuso inicialmente.
Fue el pasado mes de mayo cuando esta joven denunció ante la Jefatura de la Policía en Blas Infante que, sobre las 3,00 horas del día 27 de mayo, una vez finalizado el partido entre el Betis y el Zaragoza, ambos se encontraban en una conocida discoteca ubicada en la avenida de la Palmera y comenzaron una discusión en el marco de la cual el futbolista le habría propinado "varios puñetazos y bofetones".
Según su denuncia, en la que aportaba un parte de lesiones, ambos salieron del local y el jugador del Betis la obligó a meterse en su coche, llevándola hasta un hotel de Nervión donde supuestamente se habría producido la agresión sexual, lo que motivó que Rubén Castro fuera detenido por la Policía al finalizar un entrenamiento en la ciudad deportiva, siendo trasladado al Juzgado de Violencia de Género.
En su primera declaración judicial, el futbolista negó las acusaciones, tras lo que la juez lo dejó en libertad con cargos y le impuso una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la denunciante y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.
