El Tribunal de lo Criminal de París impuso 12 años a Aitor García Justo (34 años) y 10 años a Asier Aranguren Urroz (36 años), a los que la Fiscalía había descrito como los “lugartenientes” de García Montero (34 años), calificada de “alta responsable de la organización terrorista”.
Idiart, el único que comparecía libre –y que tiene nacionalidad francesa–, no tendrá que volver a prisión porque ya pasó cuatro años en prisión preventiva.
Los tres primeros serán expulsados definitivamente de Francia al término de sus condenas, según el veredicto leído por la presidenta del tribunal, Anny Dauvillaire, al término de una deliberación que se prolongó durante casi cinco horas.
Pero probablemente antes de que eso ocurra, García Montero y García Justo deberán rendir cuentas ante la Justicia española, que ha emitido contra ellos órdenes de extradición para juzgarles.
En el caso de García Montero se trata de tres demandas de extradición que ya han recibido el visto bueno de la justicia francesa y se refieren a su presunta participación directa en diversos atentados (con tres asesinatos) del comando Buruntza antes de su huida a Francia en el verano de 2001.
Durante todo el juicio, iniciado el pasado día 23, García Montero, García Justo y Aranguren Urroz se negaron a colaborar con el tribunal -cuando les interrogaba- con el argumento de que tenían un intérprete en español y no en euskera como reclamaban.
Fue precisamente esta última lengua, y sin traducción, la que la ex jefa de información de ETA utilizó para la lectura de un mensaje de contenido político en nombre de los acusados.
También de contenido político, pero en francés, intervino como testigo de la defensa del portavoz de Batasuna en el País Vasco francés, Xavi Larralde, uno de los 44 procesados la semana pasada por el juez español Baltasar Garzón por vinculación con ETA.
Larralde afirmó el jueves que “la vía de la negociación” es la única viable para resolver lo que denominó un “conflicto” de naturaleza política, al tiempo que reclamó “el derecho de autodeterminación” para “las siete provincias vascas” (cuatro en España y tres en Francia).
La representante del Ministerio Público, Anne Obez-Vosgien, no dejó pasar por alto que los cuatro acusados hubieran permanecido durante el proceso “indiferentes a todo, incluso a la evocación de los asesinatos” de ETA, y sin mostrar “ningún remordimiento”.
El dictamen de ayer coincidió casi totalmente con la petición de penas de Obez-Vosgien, con la excepción de que se quedaron en 10 los 12 años de cárcel solicitados para Aranguren, el único de los cuatro que en el momento de su captura, cuando abandonaban un piso franco en la ciudad de Saintes (oeste de Francia) el 9 de mayo de 2003, no iba armado con una pistola, sino con una navaja.
La fiscal insistió en que si García Montero se refugió en Francia tras haber formado parte del comando Buruntza fue “para continuar su acción (...) de carácter terrorista” colocándose al frente de la estructura encargada de la recolección y “centralización de la información necesaria para la comisión de atentados”.
Sin su implicación en ese puesto “no se hubieran podido cometer numerosos atentados”, argumentó Obez-Vosgien antes de asegurar que no sólo es responsable de las acciones terroristas el que dispara o coloca un coche bomba, sino que “la responsabilidad es también del que concibe y del que decide el objetivo”.
La acusación puso en evidencia los frecuentes contactos que García Montero mantuvo como jefa de la estructura de información, desde enero de 2002 hasta su arresto, con los sucesivos jefes del aparato militar, primero la pareja formada por José Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, y luego Ibón Fernández Iradi, Súsper, y su “número dos” Gorka Palacios Alday.
