El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, ha negado haber cometido una estafa piramidal y ha solicitado su libre absolución en un caso por el que la Fiscalía de Sevilla le pide 13 años de cárcel por delitos societario, de insolvencia punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros.
En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de José Salas, Tulio García O'Neill, expresa su disconformidad con las acusaciones formuladas contra su cliente por el Ministerio Público y las acusaciones particulares, señalando que no ha cometido "ilícito penal alguno" y pidiendo por ello la libre absolución, "con todos los pronunciamientos favorables inherentes".
Asimismo, y en el escrito de defensa elevado al Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla el pasado 18 de febrero, el letrado del dueño de Contsa pone de manifiesto que, "en cualquier caso, concurriría la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas".
En su escrito, y además de pedir la libre absolución de su patrocinado, el abogado solicita que en el acto del juicio declaren como testigos "todas y cada una de las acusaciones", que se elevan a 175.
De igual modo, pide que se remita oficio a la Agencia Tributaria para que aporte a las actuaciones los modelos 100 de las declaraciones de la renta correspondientes a los ejercicios 2001 a 2007 de todas y cada una de las acusaciones, todo ello con el objetivo de "probar que, en contra de lo indicado por las acusaciones, no ha habido estafa --la llamada estafa piramidal--", según el escrito consultado por Europa Press.
Con ello, también quiere probar que las acusaciones "han sido clientes de Contsa Corporación Empresarial desde el año 2001" y que "desde esas fechas venían cobrando importantes sumas de dinero en concepto de intereses y que, en concepto de rendimiento del capital mobiliario, así lo habrán declarado en sus declaraciones del IRPF de los años indicados".
NO HAY DELITO
"Con esta prueba, la principal acusación frente a mi representado, estafa agravada, quedará vacía de contenido", sostiene el abogado, que también pide incorporar a las actuaciones todas las inspecciones de Hacienda realizadas en esos años a las acusaciones y, en el caso de los ya fallecidos, solicita que se requiera a la Agencia Tributaria de Andalucía que remita la liquidación del impuesto sobre sucesiones, entre otros aspectos.
Con todo ello, "vamos a probar que no hubo delito", sostiene el abogado de José Salas, que ya fue condenado por la juez de lo Penal número 10 de Sevilla a un año y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 3.336.358,25 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado a Hacienda en los años 2005 y 2006.
La Fiscalía de Sevilla, cabe recordarlo, pide para el acusado tres años de cárcel y una multa de 7.200 euros por un delito societario; siete años de prisión y multa de 9.000 euros por el delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, y otros tres años y multa de 14.400 euros por el delito de insolvencia punible.
De su lado, solicita para su exesposa cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros como cooperadora necesaria del delito de estafa, y dos años de cárcel y multa de 14.400 euros como autora de un delito de insolvencia punible.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pone de manifiesto que el acusado, que estuvo casi dos años en prisión por estos hechos, "movido por el deseo de captar inversores y para aparentar una solvencia de la que carecía frente a terceros, principalmente frente a inversores, acometió un fuerte aumento de capital social, siempre ficticio y que no respondía a la realidad".
"INMINENTE INSOLVENCIA"
Así, señala que, "ante la inminente insolvencia de seguir pagando los intereses de los inversores en la sociedad, comenzó a ofrecer" a éstos "la conversión de sus créditos o parte de los mismos en acciones sin voto" de la sociedad, "logrando convertir en accionistas a 433 acreedores". Así, ofrecía créditos de vencimiento anual retribuidos a tipos que oscilan entre el 5 y el 45 por ciento.
"De esta guisa, la sociedad gestionada de forma personal por el acusado continuaba su devenir en una suerte de huida hacia delante, donde los intereses procedentes de anteriores se solventaban con nuevos créditos en inversiones", de manera que los intereses devengados por la sociedad ascendían, "al menos", a 20 millones de euros anuales.
Al hilo, asevera que, ya a finales de 2007, "la insolvencia de la sociedad era evidente, teniendo un pasivo de 86 millones", a pesar de lo cual el imputado "continuó captando clientes bajo la supuesta existencia de una empresa saneada", todo ello hasta que dos acreedores solicitaron al Juzgado de lo Mercantil número 1 el concurso de acreedores de la sociedad.
CONCURSO DE ACREEDORES
"Conocedor de esa solicitud", José Salas "presentó solicitud de concurso voluntario, alegando dificultades de tesorería de forma puntual, debido principalmente a la coyuntura económica e inmobiliaria del país". Según el fiscal, en esta solicitud "y entre otras mendacidades", el dueño de Contsa incluyó sólo a 609 acreedores por un pasivo total de 49 millones de euros.
No obstante, sostiene el fiscal, "la realidad era que la sociedad contaba con unos 1.600 acreedores, de los que más de 1.000 no figuraban en la contabilidad de la empresa ni en la relación presentada ante el Juzgado Mercantil en el proceso concursal", señalando que, "tras la totalidad de acreedores tras las diversas reclamaciones concursales", los acreedores ascienden a 1.658.
En los 40 folios que componen su escrito de acusación, el fiscal agrega que estos acreedores "tan sólo constaban en una lista paralela o B que manejaba el acusado".
"Independientemente de la estructura piramidal de la sociedad", el imputado "fue distrayendo capital de los inversores hacia terceras sociedades que pertenecen a su círculo de familiares o amistades, de tal manera que sociedades sin actividad alguna y sin financiación conocida engordaban sus activos a costa de los inversores de Contsa, que sólo obtenía pasivo a cambio".
