El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla ha aprobado el convenio de acreedores negociado para evitar la liquidación de Mercasevilla, participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento hispalense y en un 48 por ciento a Mercasa, con una quita del diez por ciento y la necesaria aportación de fondos pública, la continuidad de la sociedad estatal en la gestión del mercado central tras la disolución prevista en 2021, con una serie de compromisos al respecto, y una serie de medidas necesarias para seguir con la actividad en la actual ubicación o mediante un traslado.
En la sentencia, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado falla la aprobación del convenio aceptado por la junta de acreedores de Mercasevilla el día 3 de julio de este año y aprobado por el Pleno municipal y el "cese del régimen de intervención, pese a lo que continuará en el ejercicio de sus funciones la administración concursal a los solos efectos de la Sección de Calificación y sin perjuicio de la formación de la comisión de seguimiento".
Además, recuerda que no se ha formulado oposición alguna dentro del plazo legal al convenio y que contra este auto cabe interponerse un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en un plazo de 20 días desde que sea notificado.
Este dictamen se produce después de que el juzgado hubiera marcado principios de mayo como plazo máximo para que Mercasevilla formalizara el convenio con sus acreedores, que fue aprobado en su consejo de administración por unanimidad y que incluye una quita del diez por ciento y los planes de pago y de viabilidad asociados a tal extremo.
El documento aprobado incluye la adhesión del Consistorio al convenio de acreedores y en consecuencia "la aportación de los fondos necesarios para las obligaciones de pago" derivadas de él. Además, se contemplaba la oferta realizada a Mercasa para que participe en la gestión conjunta del mercado central más allá de que en 2021 se disuelva la empresa, con "las nuevas aportaciones de fondos necesarias que correspondan en función de su participación accionarial".
Mercasa aceptó el documento pactando que en él el Ayuntamiento figuraba como "compromitente" y la sociedad estatal como accionista que respalda el convenio. De hecho, hasta 2021, Mercasa goza del "derecho de apartarse del proyecto o vehículo societario que corresponda, sin necesidad de realizar las nuevas aportaciones pendientes y en su caso con la garantía de devolución de las nuevas aportaciones que se hubieran realizado".
El acuerdo incluye el compromiso de "articular para el futuro desarrollo conjunto de la actividad los mecanismos societarios necesarios para que las eventuales plusvalías que en su caso se generasen por cualquier transmisión o enajenación de activos inmobiliarios adscritos a Mercasevilla, una vez realizadas en su caso las inversiones necesarias para una reubicación de las instalaciones del mercado, se consideren imputadas o vinculadas al Ayuntamiento".
Y es que los terrenos donde se asienta Mercasevilla, de titularidad municipal, están calificados como suelo residencial y un hipotético traslado de las instalaciones permitiría la venta de tales suelos con los correspondientes ingresos. Estos podrían alcanzar un valor de más de 70 millones de euros.
Finalmente, el acuerdo implica la adquisición del porcentaje testimonial de acciones que posee la asociación mayoristas de fruta, verduras y hortalizas y el compromiso de "impulsar las modificaciones urbanísticas necesarias para el mantenimiento y continuidad de Mercasevilla en su ubicación o en un eventual traslado a unas nuevas instalaciones".
CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES
Este proceso se enmarca en el concurso voluntario de acreedores declarado en 2016 para esta sociedad. La empresa solicitó dicho concurso después de que Mercasa no apoyase una ampliación de capital promovida para pagar una sentencia que condena a la entidad a pagar casi nueve millones de euros a la constructora Sando.
En el marco del citado concurso de acreedores, los administradores concursales de Mercasevilla han fijado en 26,6 millones de euros la deuda total afrontada por la empresa, una cuantía copada principalmente por la sentencia de Sando, ya ratificada por el Tribunal Supremo.
Para materializar los pagos estipulados en dicho convenio, el Ayuntamiento y Mercasa habrán de aportar los fondos necesarios como socios principales de la empresa, teniendo en cuenta que en junio de 2021, y según los estatutos de Mercasevilla, la sociedad quedará automáticamente disuelta y todos sus activos y pasivos revertirán en el Ayuntamiento, con lo que es necesario además definir el futuro de la gestión del mercado central hispalense.
