La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que ayer domingo fue blanco de protestas que congregaron a más de un millón de personas en decenas de ciudades del país, afirmó hoy que en una democracia "se respetan las urnas y la voz de las calles".
Durante la sanción de un nuevo código de proceso civil, que reduce la burocracia en trámites judiciales, Rousseff subrayó que la ausencia de incidentes en las protestas es "una inequívoca prueba de que Brasil es un país democrático que, a diferencia de otros, convive pacíficamente con manifestaciones".
En ese sentido, garantizó que, a diferencia de las épocas en que el país fue gobernado por dictaduras, "nunca más se verá en Brasil que las personas que manifiesten su opinión, así sea contra la presidenta de la República, vayan a sufrir consecuencias".
Las manifestaciones fueron convocadas por grupos de oposición que protestaron por la situación económica del país y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, aunque unos sectores minoritarios llegaron a exigir la destitución de Rousseff y hasta una "intervención" militar.
En clara alusión a esos grupos más radicales, la mandataria dijo que "en democracia se respetan las urnas y las calles", y apuntó que su Gobierno "respeta y escucha con atención a todas las voces", pues está volcado a mejorar la vida de quienes lo respaldan y también de aquellos que se le oponen.
Rousseff reafirmó que su Ejecutivo garantiza que "todos puedan ejercer sus derechos pacíficamente" y destacó que, por su carácter pacífico, las manifestaciones demostraron que "Brasil es un país que, frente a las invitaciones a la anormalidad política, elige el camino de la democracia".
En relación a las demandas manifestadas en las protestas, la jefa de Estado reiteró que esta misma semana presentará al país un nuevo conjunto de medidas para reforzar el combate a la corrupción.
Sobre las quejas de los manifestantes por la delicada situación económica del país, la mandataria insistió en que su Gobierno se ha visto "obligado" a aplicar un ajuste fiscal, reducir subsidios y aumentar la carga tributaria, debido al impacto de la crisis global.
"Desde el inicio de la crisis internacional, hace unos años, el Gobierno consiguió evitar sus efectos más perversos, tales como el desempleo o la reducción de derechos y la renta", explicó.
Rousseff sostuvo que mientras en Europa la crisis "llevó al desempleo a más de 60 millones de personas y a una amplia pérdida de oportunidades", en Brasil se reforzaron la inversión y los créditos públicos a fin de mantener acelerada la economía.
Sin embargo, reconoció que "ese camino se agotó" y que ahora se debe "tomar otro rumbo para garantizar empleo y crecimiento", lo cual implica "hacer algunos ajustes y correcciones".
La mandataria recalcó que, si bien el ajuste fiscal reduce la actuación de la banca pública en la economía, los programas sociales dirigidos a los más pobres no serán alterados.
Rousseff también insistió en que "la actual coyuntura" impone que se avance en forma "urgente" hacia una "amplia reforma política" y señaló que, aunque la Constitución le reserva esa materia a las cámaras legislativas, el asunto debe ser debatido "por y con toda la sociedad".
