Los técnicos del Ayuntamiento de San Fernando, los de la Junta de Andalucía y los arquitectos del proyecto ganador del concurso internacional de ideas para la restauración y rehabilitación integral del palacio consistorial isleño ya están trabajando para presentar una adaptación del proyecto ganador a las circunstancias económicas actuales, según han señalado en rueda de prensa tanto el alcalde isleño, José Loaiza García como el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil.
La reunión que este miércoles ha tenido lugar en la sede del Gobierno de Andalucía ha contado con todos los actores y lo que se pretende es buscar puntos intermedios para que no se pierda el proyecto ganador del concurso de ideas, pero a la vez que las obras puedan comenzar lo antes posible por fases y con dinero contemplado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014. Esto es, que durante este próximo año deberían de estar sobre la mesa las líneas de actuación para que aparezcan en los siguientes presupuestos.
Plazos, obviamente no hay, aunque sí la garantía de que el proyecto que salga adelante sea el del estudio de arquitectos de Francisco Márquez, que contemplaba la restauración del edificio eliminando de la estructura los añadidos que se han ido aplicando según las necesidades y que han desvirtuado el original proyectado por Torcuato Cayón.
A partir de ahí lo primero es una actuación general sobre el edificio para comenzar las fases y la posibilidad de que éstas permitan comenzar a usar a la mayor brevedad los espacios que se vaya rehabilitando. El objeto principal es el uso, consiguiendo con ello tanto avanzar en la recuperación del edificio como ahorrar costes en alquileres.
A eso se une algo intangible pero no menos importante y es que la ciudadanía perciba que de una vez por todas que el principal patrimonio del que goza la ciudad y además el más utilizado, no se ha quedado olvidado en pleno centro de San Fernando.
El coste que se estima en estos momentos del proyecto ronda los doce millones de euros que se intentarán rebajar todo lo que se pueda sin que el proyecto pierda calidad, aunque tan importante es esa rebaja como encontrar las fórmulas económicas que permita unos pagos accesibles para las administraciones.
