El delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, llevará hoy ante la comisión municipal de Movilidad una propuesta para modificar la gestión indirecta que ahora mismo posee la zona azul por la modalidad de concesión, lo que implica que “el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura”, dejando vía abierta a la privatización del servicio.
Con la excusa de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (RD 3/2011) y las incidencias que la conocida como Ley Montoro tendrá en el adelgazamiento de las administraciones públicas, la Delegación de Seguridad y Movilidad ha elevado a la comisión de este viernes una propuesta para abandonar la gestión indirecta -a través de una sociedad de economía mixta- aprobada en diciembre del 97 para la zona azul y establecer la fórmula de la concesión, entre las cuatro que establece la modificación legislativa del pasado marzo.
Así, el informe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transporte, recoge las cuatro fórmulas que podría elegir una administración para la contratación de la gestión de los servicios públicos que son de su competencias, como es el caso de la regulación de los aparcamientos en superficie o zona azul.
Según este informe, además de la fórmula de la concesión (por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura), se recoge la gestión interesada (administración y empresario participan en los beneficios según establezca el contrato); el concierto (con entidades que realicen prestaciones análogas); y la sociedad de economía mixta, en la que la administración participa sea directa o indirectamente, en concurrencia con otras empresas o entidades.
Abiertas todas las posibilidades de gestión, Juan Bueno ha optado por la concesión, la fórmula en la que se hace más factible la privatización del servicio público, que deberá, no obstante, ser autorizada por el Pleno y esperar que finalice en 2014 la vigente fórmula de gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta.
La adjudicación de la zona azul deberá salir, como en otras ocasiones, a concurso público y abrirse una mesa de contratación para adjudicarla mediante concesión.
El problema se plantea si el gobierno municipal opta por abandonar su participación (a través de Tussam) en Aussa (de la que forma parte Azvi) y no concurre al futuro concurso para la concesión, en cuyo pliego aparecerá hasta qué punto el control de los precios públicos establecidos seguirá bajo la tutela efectiva del Ayuntamiento.
En el modelo actual, es la empresa concesionaria la que propone el mantenimiento o subida de las tarifas y las aplica una vez que recibe el visto bueno del Consistorio.
