El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la multa de 15.000 euros impuesta al centro de menores ‘La Resurrección’ de Segorbe, dirigida por las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. El departamento de Oltra cerró en su día estas instalaciones y trasladó a los menores a otros centros como consecuencia de la filtración de unas informaciones que apuntaban a posibles abusos por parte de un educador, aunque éste finalmente fue absuelto.
Pablo Delgado, el abogado que ha representado al centro de menores, ha explicado en Noticias 8 Mediterráneo que a partir de este momento se inicia “una nueva etapa” y se abre “la posibilidad de llevar menores al centro y de que estén tutelados por la congregación de las Terciarias Capuchinas de Segorbe”.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha trasladado este jueves a los medios de comunicación que poco puede valorar porque no ha tenido acceso a la sentencia puesto que no está notificada todavía. En este sentido, Delgado ha querido corregir a la vicepresidenta, asegurando que la sentencia fue notificada el día 16 de diciembre de 2021 y, por tanto, confirma que Oltra es conocedora de la misma.
“La Administración de la señora Oltra funciona mal”, ha afirmado el abogado. “Nuevamente el TSJCV castiga a Oltra diciéndole que así no se siguen los expedientes sancionadores y archiva aquello que ya inició con toda suerte de conocimiento público y haciendo una exagerada noticia de aquello que era simplemente un expediente del centro por unas cuestiones meramente funcionales, que fueron además reparadas y puestas en funcionamiento con normalidad en el plazo que la propia inspección nos dio”, ha explicado Delgado.
Respecto a esta cuestión, el abogado ha negado que sea cierto aquello de que a los niños se les proporcionaba alimentos caducados, el tema de las duchas frías y la participación del centro en el caso del educador que fue despedido por haber contactado con una menor fuera de las instalaciones.
Tras la filtración de estas polémicas, Delgado ha contado que efectivamente la sanción se llevó a efecto, el centro tuvo que cerrar y los trabajadores primero tuvieron un expediente de regulación de empleo, aunque ha comunicado que ahora podrán recurrir a la Conselleria los daños que les han causado y pedir una indemnización por ello.
Por su parte, Delgado ha detallado que las Terciarias Capuchinas tuvieron que ceder el centro a otra congregación que lo explotara porque a ellas les sancionaron durante tres años más otros tres correspondientes a los antecedentes penales que le impuso la resolución. No obstante, ahora con la nulidad las Terciarias Capuchinas van a poder volver a recibir custodias como lo venían haciendo desde hace más de cien años.
